Colegios de profesionales expectantes de la futura Ley

La Ley de Servicios Profesionales ha causado no poco revuelo desde que un borrador bastante controvertido salió a la luz y los colegios afectados, especialmente a Arquitectos, Abogados, Ingenieros y Farmacéuticos.

Desde aquellos primeros comentarios y mientras los rumores siguieron creciendo con confirmaciones y desmentidas por parte de los diversos sectores implicados, ya sumaron un millón los profesionales que se encuentran a la espera de que el Gobierno despeje su futuro y aclare las intensiones de esta Ley que, a priori, busca regular el funcionamiento de dichos colegios.

Pero mientras que los Colegios advierten sobre el riesgo de una liberalización excesiva que pueda ser ocasionada por la futura Ley de Servicios Profesionales, desde el Gobierno señalan que “Regulación excesiva, obsoleta –muchas normas preconstitucionales– y conflictiva –entre profesionales–” y “un mapa colegial confuso, excesivamente territorializado en algunas profesiones” hacen necesaria esta nueva Ley.

Al menos estas son las consideraciones que el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales recoge en su texto y que, desde el mes de diciembre de 2012, momento en que fue presentado por el Gobierno, han provocado que los 1,5 millones de trabajadores que se encuentran nucleados en los Colegios Profesionales afectados en España tengan dudas sobre la manera en que, a partir de la Ley, tendrían que ejercer su profesión en el futuro.

Lo que se evidencia, a todas luces es que, en realidad, se trata de nada más ni nada menos que de un choque de intereses que, en esta oportunidad, enfrenta al Ejecutivo nacional que pretende una reforma de la estructura que se funda en informes de la UE, la OCDE y el FMI y que persiguen generar mayor competencia y promover el crecimiento de la economía nacional.

Enfrentado a la posición antes descrita, el sector que todavía brega por conservar el status quo y mantener “la función social de los colegios profesionales (…) y velar por la calidad de los servicios” que prestan. Es la postura declarada por Carlos Carnicer, presidente de la Unión Profesional, la organización que agrupa a 33 colegios profesionales y consejos generales y superiores de colegios profesionales que, entre todos, suman más de 1.000 organizaciones colegiadas.

Y la confronta no es menor porque el peso de las actividades profesionales en la economía nacional no es menor. De hecho, el mismo Gobierno reconoce que la actividad profesional representa el 30% del empleo universitario y la Unión Profesional apunta que, además, dan trabajo al 6% de la población activa. Según la Unión Profesional, la actividad de estos colegiados supone el 8,8% del PIB (unos 88.000 millones de euros).

El anteproyecto de ley del que hablamos hace algunas semanas recoge 15 actividades (más registradores y notarios) en las que será obligatorio colegiarse para poder ejercer, y que serán divididas en tres bloques: Sanitarias (médico, farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, podólogo y óptico-optometrista), Jurídicas (procurador, abogado y graduado social –limitado a defensa en juicio–, notario y registrador) y Técnicas (ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico).

Mientras, el debate continúa y los profesionales bregan porque sus actividades no encuentren obstáculos en el ejercicio, sino todo lo contrario.

Fotografía:  Victor1558 en Flickr

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