La discapacidad como límite para conseguir empleo

El mercado laboral es altamente competitivo y es necesario estar bien formado para poder insertarse laboralmente; pero todos sabemos que la formación no es el único requisito a la hora de ser contratados por una empresa.

También se exige otras cualidades, no fáciles de tener o conseguir, como la tan mentada proactividad, compromiso con la empresa, disponibilidad full time, tener mucha experiencia laboral y haber alcanzado grandes logros.

Todos, conforman un detalle de cualquier solicitud para cubrir vacantes en cualquier empresa u organización, incluso para puestos de maestranza o rangos inferiores.

Pero existen, además una serie de requisitos extra, que no están escritos en ningún lado, pero que todos conocemos: ser joven, muchas veces ser hombre en vez de mujer y guapo, te darán mayores chances de conseguir empleo.

Pero existe otra exigencia que nadie se atreve a nombrar, por el fantasma de la discriminación, pero que forma parte de cualquier análisis entre los postulantes a un empleo: no tener ningún tipo de discapacidad o impedimento físico, aunque las labores no requieran de grandes destrezas corporales.



Una silla de ruedas asusta a cualquier entrevistador y las personas con discapacidades o minusvalías permanentes lo saben, por eso, muchas veces, aun estando capacitados para el puesto y mejor formados que cualquier otro postulante, no se atreven a presentarse, por miedo a sufrir la discriminación que, aunque no se lo diga el entrevistador en la cara, la falta del llamado con el correr del tiempo, le hará notar que seguirá sin empleo.

Al fin y al cabo ¿cuándo se ha visto a una empresa contratar a una secretaria de 40 años y en silla de ruedas en lugar de una jovencita guapa pero sin estudios?

Nos hemos acostumbrado a esta respuesta, pero ello no implica que sea lo correcto, todo lo contrario, existe una Ley que protege a personas discapacitadas y que les apoya para conseguir empleos acordes a sus capacidades.

La Ley de Integración Social y Laboral de Minusválidos establece que las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores están obligadas a emplear un número de discapacitados no inferior al 2% de la plantilla.

Ciertamente, hemos visto muchas empresas con más de 50 empleados y pocas veces conocimos una persona con alguna discapacidad desarrollando sus tareas.

De hecho y para ser precisos, son 38.500 las empresas españolas con más de 50 empleados, que deben, por ley, incorporar al menos un 2% de trabajadores discapacitados.

Pero la ley no se cumple en su totalidad y perjudica a un colectivo que necesita, como todos, emplearse y ganar un sueldo, sin depender de posibles subvenciones estatales por minusvalía.

Sin embargo, la ley no es sólo una imposición estatal a las empresas públicas y privadas de contratar un número obligatorio de personas discapacitadas; existen para quienes lo hagan, beneficios tales como una bonificación del 90% de la cuota que debe pagar el empresario cuando se trata de trabajadores mayores de 45 años y del 70% para los menores de esa edad.

Si se trata de una mujer, la bonificación se eleva al 100% para las mayores de 45 años y al 90% para las menores. La normativa incluye también una subvención de 3.906 euros al comienzo del contrato.

Muy a pesar de que exista la obligación legal sumado a importantes beneficios económicos y fiscales, la tasa de empleabilidad de las personas con minusvalía sigue sin acercarse siquiera a la de la población general.

Según los últimos datos disponibles, si para la población general la tasa de actividad supera el 70%, para las personas con alguna discapacidad la cifra se reduce al 33,7%.

A la vez, el porcentaje de desempleados entre los minusválidos es de un 15,3%, mientras que en el conjunto de la población la cifra menor al 10%.

Sin dudas, estos beneficios dan sus frutos y el 21,4% de las empresas que cumple la norma reconocen hacerlo por las ventajas económicas y fiscales que perciben pro contratar a personas minusválidas.

Mientras tanto, el 62,2% de las compañías españolas que tienen el tamaño para cumplir con la ley, aducen que el motivo por el que lo hacen es por cumplimiento del deber y por evitar las posibles sanciones si acaso no la cumplieran.

En todo caso, existe, entre las empresas gran desinformación respecto de la Ley y su obligatoriedad; muchas empresas que reúnen los requisitos para atenerse a la ley, siquiera saben de la existencia de la Ley de integración o desconoce el alcance y obligatoriedad de la misma y, por el contrario piensan que son beneficios optativos a los que no quieren acogerse.

Pero otros casos revelan la existencia de empresas que, a pesar de saber de la existencia de la norma de Integración prefieren no cumplirla pues presumen que es muy difícil que la Administración puedan descubiertas y aplicar una sanción.

Y las especulación es acertada. La Administración toma la vigilancia del cumplimiento de la Ley con gran ligereza y permite que cada empresa decida por sí misma si acta y contrata minusválidos o no.

Por ello, sólo nos permitimos decir que la Ley ha generado un marco legal que favorece la inserción de discapacitados al ámbito laboral, pero falta una concientización y que las Empresas asuman la responsabilidad y rompan los prejuicios que implican contratar a alguien que sólo pueda movilizarse en silla de ruedas.

Aún cuando la Ley se cumple y la empresa contrata personal minusválido, los puestos o cargos jerárquicos a que acceden dejan mucho que desear.

El 37,7% de este colectivo fue contratada para realizar trabajos de oficina, mientras que el 31,8% lo fue para desempeñar empleos no cualificados; lo cual nos da una idea de los ingresos que estas personas pueden percibir y de sus escasas posibilidades de ascender.

Todos los datos hasta aquí analizados responden a un único prejuicio que no siempre es acertado: El rendimiento laboral de un discapacitado es menor que el de una persona normal; agregándose que la última no requiere de condiciones especiales en su puesto de trabajo ni de adaptaciones del entorno laboral a las necesidades o impedimentos del trabajador.

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