Ley de Morosidad: ¿qué es?

Las Pymes todavía esperan poder disfrutar de los beneficios que la Nueva Ley de Morosidad supondrá para los cobros; si bien ya ha sido promulgada, sus efectos no se verán sino hasta dentro de varios meses.

La Nueva Ley de Morosidad ayudará a exigir el pago, pero no todavía...

Hace ya algunos meses que se ha promulgado la nueva Ley contra la Morosidad (Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004) y ya hay mucho que hablar de estas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que ha encontrado una enorme brecha entre la letra de la ley y la aplicación práctica para las empresas y Administraciones.

Y es desde su preámbulo que la modificación de la Ley hace luces y sombras al establecer la obligación de cumplimiento, sin posibilidad de pacto en contrario y que suponía a las pymes poder exigir unos periodos de pago razonables y adaptados al mercado europeo.

Sin embargo, las modificaciones que se refieren al procedimiento de pago de la Administración no tendrán un efecto real sino hasta dentro de varios meses y todo gracias a que la aplicación de la ley sólo afecta a los nuevos contratos.


De esta manera, las Administraciones tendrán deudas de primera categoría (deudas generadas por los nuevos contratos) y deudas de segunda categoría (anteriores a la ley).

Por ende, para los empresarios que estaban ansiosos por salvarse y poder cobrar las deudas a las Administraciones, comienzan a padecer la realidad de la Ley: su aplicabilidad aún no es notoria.

Si bien es cierto que esta ley impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad tendrá un importante papel para el sistema económico español, permitiendo al país volverse más competitivo en lo referente a los plazos de cobro y fomentar que los empresarios locales quieran hacer negocios en el ámbito local y, por ende, evitar el cierre de Pymes y muchas otras empresas y autónomos que han caído por falta de liquidez.

Los puntos más importantes que aporta la reforma legislativa promulgada el 17 de junio en el Congreso para combatir la mora y los abusos contractuales son:

  • Se rebaja el plazo de pago de los organismos públicos. A partir del año 2013 todas las administraciones públicas y todas las empresas estatales tendrán que pagar obligatoriamente a los 30 días.
  • A partir de la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de pagar será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras.
  • Habrá un procedimiento ágil y efectivo para reclamar las deudas a las administraciones públicas.
  • Se impone la obligatoriedad que a partir de 2013 todos los contratos mercantiles entre empresas privadas tengan que pagar a 60 días.
  • El plazo de pago de sesenta días que debe cumplir el deudor se contará después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.
  • Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, el plazo de pago de los nuevos acuerdos comerciales ya quedará reducido a 85 días.
  • Los legisladores han eliminado la posibilidad de introducir las cláusulas abusivas en los contratos prohibiendo la existencia del “salvo acuerdo de las partes” y la existencia de abusos más o menos disimulados, amparándose en la autonomía de la voluntad de los contratantes.

Fuente: RRHHDigital
Fotografía: Apelad en Flickr

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