Las empresas piden más agilidad para las regulaciones de empleo

Manifestación

Manifestación contra la represión laboral.

La noticia fue acogida con sorpresa e indignación por los trabajadores. Ocurrió a mediados de 2008 cuando la crisis empezaba a hacerse notar en el país y el Gobierno aprobó los Expendientes de Regulación de Empleo (ERE), algo por lo que se han visto afectados más de un millón de trabajadores. Expendientes que bien pueden ser de tres tipos: de extinción (cuando la empresa pide autorización administrativa para hacer un despido colectivo), de reducción de jornada (cuando la empresa para reducir costes decide recortar la jornada de la plantilla) o de suspensión temporal de empleo (cuando la empresa y los trabajadores acuerdan suspender sus empleos por un tiempo para aliviar los costes, a partir de lo cual los afectados cobran la prestación de desempleo correspondiente).

La mayoría de los españoles han sufrido desde entonces fundamentalmente  la tercera opción, la de una suspensión de su empleo. El Gobierno socialista incentivó este tipo de ERE otorgando bonificaciones a aquellas empresas que lo hiceran así y evitaran el despido como otra alternativa. La consecuencia fue clara: los trabajadores aunque no eran despedidos, dejaban de trabajar por un tiempo. Menores costes para la empresa y mayores para los desempleados. Durante la actual crisis, no todos han recuperado su empleo suspendido. Tres de cada cuatro afectados por uno de estos ajustes consiguieron recuperarlo.

Con todas estas medidas llevadas a cabo para facilitarles el mal trago a las empresas, ahora todavía se exige mayores facilidades para llevar acabo estos procedimientos. Lógicamente, la creación de ERE por parte de las empresas no se puede hacer a libre albedrío sino que requiere justificación y autorización de la Administración, y en última instancia de los sindicatos laborales. Si no existe un acuerdo mutuo que respalde la justificación de esos expendientes, la empresa no puede hacer nada. Por eso, ahora, desde los grandes despachos de abogados donde se gestiona estos asuntos, se pide que se facilite el proceso y que se suba el umbral que exige la ley para recurrir a los ERE. Esto permitiría, por ejemplo, que el ajuste afectara a más trabajadores sin necesidad de autorización administrativa.

Por contra, otras fuentes creen que lo que hace falta es «que se cumpla estrictamente la ley y no cambiar nada más». Se refieren a la práctica habitual de las empresas de pagar más de los 20 días por despido exigidos en estos casos, para pactar el ERE con los sindicatos y garantizarse así su aprobación administrativa. Después de todo, los primeros afectados con cualquiera de estos cambios en materia laboral, son los propios trabajadores. Pero eso no se sabe si está en el punto de mira de alguien.

Foto: Bdext

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