Los partidos a favor de derogar la ‘Ley Wert’ tienen mayoría parlamentaria

Las formaciones políticas que ha expresado su voluntad de derogar la LOMCE ya disponen de mayoría parlamentaria. Sin embargo, con un Gobierno en funciones, la Mesa del Congreso no hará avanzar ninguna iniciativa en esta dirección hasta obtener un informe favorable.

Los partidos que han defendido su intención de ‘tumbar’ la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) representan la absoluta el Congreso de los Diputados. La derogación de normas con rango orgánico como la ‘Ley Wert’ exige un amplio consenso entre los diputados, quienes disponen de 187 escaños a favor de la derogación de la polémica ley educativa.

Si bien los partidos que acordaron derogar la LOMCE disponen de la mayoría parlamentaria exigida para este fin, la Mesa del Congreso desconoce cuándo empezar a tramitar las iniciativas presentadas por los socialistas en la materia o las que los grupos parlamentarios registren próximamente. De momento, la Mesa del Congreso ha requerido un informe jurídico por el que se aclare si es factible la tramitación de las propuestas para ‘tumbar’ la LOMCE presenten las formaciones con un Ejecutivo en funciones.

Un total de doce formaciones parlamentarias se han mostrado favorables a paralizar la aplicación de la ley educativa impulsada por el ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte del PP José Ignacio Wert. Además de las firmantes del acuerdo para ‘tumbar’ la LOMCE, nuevas fuerzas políticas se han sumado a la voluntad de paralizar y substituir la actual ley educativa por una normativa que cuente con un mayor consenso con la comunidad educativa.

Las formaciones políticas que han manifestado su intención de tumbar la LOMCE son el PSOE (89 diputados, subscribió el acuerdo) Podemos (42 diputados), En Comú (12 diputados), Compromís-Podem (9 diputados, firmó el acuerdo), ERC (9 diputados, presente en el acuerdo), Democracia y Libertad –antigua CiU– (8 diputados, firmó el acuerdo), PNV (6 diputados, forma parte del acuerdo), En Marea (6 diputados), Izquierda Unida (2 diputados, firmó el acuerdo). Otras formaciones como EH Bildu (2 diputados), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 diputado cada formación) también han suscrito el acuerdo para derogar la LOMCE.

De momento, el PSOE ha sido la única formación del Congreso que ya ha registrado dos iniciativas parlamentarias para derogar la ley educativa. Por un lado, ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a paralizar el calendario de implantación del marco educativo; por el otro, ha presentado una proposición de ley cuyo objetivo es propiciar el acuerdo sobre una ley básica de educación alternativa a la que quieren ‘tumbar’.

La intención de la mayoría de formaciones presentes en el arco parlamentario es tumbar la ‘Ley Wert’, puesto que desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario para paralizar la LOMCE en cuanto cambiara la mayoría en el Congreso de los Diputados. El pacto fue suscrito por todas las formaciones políticas de la oposición, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, quienes no quisieron dar su apoyo al compromiso de derogación de la ley.

Ciudadanos, el partido que liderad por Albert Rivera, no pide expresamente la derogación de la LOMCE; aunque sí han defendido la búsqueda de un pacto nacional en materia de educación. El líder de la formación naranja anunció el pasado 14 de enero que iba a presentar una iniciativa parlamentaria para crear en el Congreso un grupo de trabajo entre diputados y expertos con el fin de elaborar un documento de base para un futuro pacto nacional por la educación.

Asimismo, el viernes 15 de enero representantes de la Federación de Enseñanza de CC.OO., FETE-UGT, Confederación de STES-I, Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado (CEAPA) registraron una carta en el Congreso. En la misiva misiva, dirigida al nuevo presidente y a los grupos parlamentarios que se conformen, los sindicatos instan a derogar de forma inmediata la ‘Ley Wert’ porque “ya hay mayoría parlamentaria para hacerlo”.

Además de pedir la derogación de la LOMCE, los sindicatos firmantes establecen una fecha máxima para llevar a cabo este objetivo: antes de que finalice el primer periodo de sesiones, en el mes de junio. De este modo, los alumnos del sistema educativo no se verían afectados por los nuevos cambios que planifica el calendario de aplicación de la LOMCE para el curso 2016-2017; entre los que se encontraría una extensa aplicación de las reválidas o la substitución de los exámenes de la Selectividad por estas pruebas.

La mayoría del arco parlamentario se encuentra a favor de ‘tumbar’ la LOMCE, Ciudadanos ha expresado su voluntad de alcanzar un consenso de mínimos en el ámbito educativo, los otros agentes educativos han expresado su rechazo a la ‘ley Wert’ y los sindicatos ya han pedido su paralización de las aulas. No obstante, la Mesa del Congreso no podrá hacer avanzar ninguna iniciativa en esta dirección hasta no saber si puede ser llevado a cabo por el Gobierno en funciones, siendo el ejecutivo que impulsó precisamente esta ley.

Breve historia sobre la ‘Ley Wert’

La ley impulsada por el exministro de Educación José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto favorable del PP, y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006 con los socialistas en el Gobierno. El Ejecutivo insistió en que de la nueva normativa, la séptima de la democracia, tenía por objetivo”»aumentar la calidad” del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar temprano del 26,3%, muy por encima de la media de la Unión Europea.

Los grupos parlamentarios así como gran parte de la comunidad educativa se mostraron en contra de los nuevos canvios que introducía la LOMCE e hicieron hincapié de que la ley nacía “muerta” por la carente falta de consenso del PP con los principales actores educativos y el resto de formaciones políticas. Para los sectores más conservadores la reforma no era lo suficientemente profunda para resolver los problemas educativos, las izquierdas la tacharon de “contrarreforma ideológica” y de corte “franquista” y los partidos nacionalistas denunciaron invasión competencial.

Entre los principales cambios que introducía la ‘Ley Wert’ destacó la recuperación de las reválidas –pruebas externas obligatorias al final de cada etapa para obtener el título–, la substitución de la Selectividad por estas pruebas. Otros aspectos que se modificaron respecto a la LOE fueron el cambio de temario o la directa supresión de asignaturas que tenían por objetivo la formación de los alumnos en ciudadanos a favor de hacer más horas de religión católica.

En este sentido, el Ministerio de Educación se aseguró de garantizar un mayor control de los contenidos educativos de todas las etapas y vapuleó los programas de inmersión lingüística, que en algunas autonomías con lenguas cooficiales llevaban hasta 30 años de trayectoria. Asimismo, se blindaron los conciertos económicos con los centros concertados, también entre aquellos que segregaban por sexo a sus estudiantes. Por último, se creó una vía para reconducir el abandono y el fracaso educativo (FP Básica) y se dio mayor importancia a la formación práctica en la FP.

La apodada ‘Ley Wert’ incluyó en su texto final una disposición transitoria especialmente dedicada a cambiar el modelo educativo de Cataluña. En el texto se especificó que las familias residentes en una comunidad con lengua cooficial donde no pudieran acceder a la enseñanza obligatoria con el castellano como lengua vehicular recibirían de la administración autonómica los gastos e matriculación en un centro privado que sí garantizara el castellano como lengua vehicular. Una disposición que chocaba con la realidad educativa en Cataluña, donde no hay oferta pública en castellano pero tampoco existía esta opción en el ámbito privado.

El Tribunal Constitucional registró hasta 6 recursos contra la LOMCE: el PSOE, del Gobierno y del Parlamento de Catalunya; y los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias y Canarias presentaron en el Alto Tribunal recursos de inconstitucionalidad contra la ley educativa del PP de Mariano Rajoy. Todos ellos fueron admitidos a trámite, aunque esto no implicó la paralización de la ley.

Imagen: Presidencia de la República Mexicana

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