Las familias deberán adelantar el pago del centro privado para la escolarización en castellano

Las familias que no puedan acceder a una educación pública en castellano podrán recurrir a un centro privado para escolarizar a sus hijos, siendo todos los gastos derivados de su matriculación abonados con fondos públicos. No obstante, el Ministerio de Educación ha señalado que deberán ser los padres quienes paguen primero estos costes y luego soliciten su reembolso.

Las familias de las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales que quieran que sus hijos reciban una educación en castellano y no puedan acceder a este tipo de enseñanza en los centros públicos podrán recurrir a un centro privado. No obstante, los padres deberán pagar por adelantado los costes de la matriculación en el centro privado y después justificar su reclamación al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la trigésimo octava disposición adicional a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) contempla el pago de los estudios en un centro privado con dinero público a aquellos estudiantes que no puedan recibir la enseñanza en castellano. La disposición llamada ‘Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, será aplicado por el Ministerio de Educación a partir del 1 de septiembre, justo para el inicio del nuevo curso escolar.

El Ministerio de Educación, según recoge la disposición adicional a la LOMCE, tendrá seis meses para pronunciarse sobre las solicitudes de compensación económica de las familias. Aunque la decisión de los pagos es responsabilidad del Ministerio, serán los presupuestos de las comunidades autónomas las que se vean afectadas por la escolarización en colegios privados de aquellos alumnos que no puedan estudiar en lengua castellana en un centro público.

Con todo, el texto que se incluye en la reforma educativa regula el procedimiento para pedir el abono de los costes de matriculación del centro privado y la documentación necesaria para ello; que se aceptarán en el caso que la autonomía no disponga de una “oferta razonable” de enseñanza pública en castellano. El Ministerio se compromete a compensar los gastos educativos –matrícula, escolarización, transporte y/o comedor– en las etapas de educación obligatoria.

Sin embargo, se advierte que no se considerarán adecuadas las medidas que supongan una atención individualizada o la separación en grupos por razón de lengua. De igual modo, la normativa del Ministerio establece como no razonable aquellas ofertas de enseñanza en castellano que supongan la escolarización de los estudiantes fuera de su municipio de residencia, sin perjuicio de la posibilidad de matriculación en un municipio cercano al de su residencia habitual.

Los poderes públicos tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas cooficiales. El cumplimiento de este deber no puede excusarse por el generalizado conocimiento de una lengua por la población, sino que demanda la presencia efectiva de las lenguas castellana y cooficiales en la enseñanza, ya que el deber de conocer el castellano está reconocido en la Constitución.

Con todo, el Ministerio señala en el preámbulo de la disposición adicional que el Tribunal Constitucional ha reconocido “de forma reiterada” que la exclusión del castellano como lengua vehicular es inconstitucional. Asimismo, ha señalado que la mayoría de comunidades autónomas con lenguas cooficiales garantizan el uso vehicular de ambas lenguas, incluso aplican el trilingüismo en la enseñanza. Sin mencionar explícitamente a Cataluña, la normativa reconoce que la inmersión lingüística tiene la limitación de no excluir el castellano como lengua vehicular.

La LOMCE “rompe” el modelo de inmersión lingüística

La consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ha criticado que el Real Decreto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) “rompe con el modelo lingüístico de Cataluña”. En concreto, la consejera se refería a la trigésimo octava disposición adicional de la ley, que contempla la escolarización privada con fondos públicos para atender a las familias que pidan la enseñanza en castellano.

Aunque la normativa no trata explícitamente el caso de la inmersión lingüística de Cataluña, si que hace referencia en el preámbulo de la disposición adicional a que este tipo de modelo lingüístico excluye al castellano como lengua vehicular. Asimismo, se apunta a que las sentencias del Tribunal Constitucional en materia lingüística apuntan a que la Constitución reconoce el derecho a la escolaridad en castellano y que las comunidades autónomas deben proporcionar este tipo de enseñanza.

Asimismo, Rigau ha lamentado que la disposición ‘Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal’ sólo esté previsto la escolarización para una de las lenguas cooficiales, como se puede ver en otros territorios. Al respecto, la consejera catalana ha afirmado que “nosotros estudiaremos y nos posicionaremos en la próxima conferencia sectorial”. “Haremos jurídicamente lo que toque”, ha sentenciado.

Otro de los puntos conflictivos de la disposición adicional sobre lenguas vehiculares en la enseñanza pública trata sobre el reembolso del gasto educativo de las familias que deban matricular a sus hijos en centros privados para recibir la atención en castellano. El Ministerio ha fijado que éste organismo decidirá sobre las solicitudes y retendrá o deducirá de la financiación autonómica los gastos de escolarización de aquellos estudiantes que no tengan oferta pública en condiciones en lengua castellana.

Foto: cdsessums

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