La Junta de Andalucía llevará la LOMCE ante el constitucional

La Junta de Andalucía ha anunciado que recurrirá la LOMCE ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas en Educación. El consejero del ramo, Luciano Alonso, ha explicado que el Ejecutivo andaluz también desarrollará medidas concretar para evitar la aplicación de la reforma educativa en los centros de su comunidad.

La Junta de Andalucía ha advertido que dará una “importante respuesta política” a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) mediante una serie de actuaciones. El objetivo del Ejecutivo andaluz es “primero, parar la normativa” y conseguir, en caso que sea posible, tratar de “paliar el desastre” que inflige el nuevo marco educativo en esta comunidad autónoma.

En una rueda de prensa el pasado viernes en Jaén, el consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha explicado que la Junta “va a defenderse” de la LOMCE. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha planteado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por “invasión de competencias”, un aspecto que otras comunidades autónomas también llevarán delante de los tribunales, y que ya está siendo estudiado por “los servicios jurídicos” de la administración andaluza.

El objetivo de la Junta de Andalucía es, según apunta el consejero, poder presentar el recurso “lo antes posible” con la finalidad de parar la aplicación de esta normativa. La aversión a la reforma educativa recientemente aprobada se debe a que, en opinión del Gobierno andaluz, carece de financiación y “devuelve a la educación a tiempos pasados frente a una educación pública, inclusiva y de calidad”. Según destaca Alonso, el nuevo marco educativo supone una rotura con el “consenso parlamentario y constitucional” al contar sólo con el beneplácito del Partido Popular.

La LOMCE es la mayor agresión a la igualdad de oportunidades. No recuerdo una ley orgánica ni de educación contra la que once grupos políticos hayan presentado enmienda a la totalidad. No se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que tienen competencias en educación, y se acaba con el consenso entre padres, profesores y alumnos.

Además del recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Andalucía tiene previsto desarrollar “iniciativas de participación para presentar propuestas en torno a las repercusiones” de la nueva reforma educativa. Asimismo, el consejero autonómico de Educación ha explicado que también se llevarán a cabo “medidas concretas en torno a los itinerarios curriculares, la evaluación o la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Sobre los nuevos itinerarios planteados por la ley educativa, el consejero ha destacado que “obligar a ir a Formación Profesional a alumnos desde temprana edad porque suspendan” supone un “atraso pedagógico”, además de ser un proyecto articulado por el Estado para conseguir obra de mano barata. Por último, Alonso ha hecho hincapié en que la Junta “no va a consentir que se financie a centros que segregan” a los estudiantes por su sexo.

Foto: StockMonkeys.com

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