La comunidad educativa se muestra escéptica con la reforma de las ‘reválidas’

La comunidad educativa se ha mostrado escéptica con el proyecto de real decreto para modificar las ‘reválidas’ de Bachillerato y Secundaria anunciado por el ministro de Educación. Si bien reconocen la medida como un gesto de diálogo, rechazan seguir manteniendo la LOMCE.

Group of Young Students Studying together at Library, High View

Las organizaciones de la comunidad educativa han mostrado su beneplácito con los cambios en las pruebas de evaluación final o ‘reválidas’ de Secundaria y Bachillerato propuestos por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. No obstante, han urgido al titular de Educación a alcanzar un Pacto de Estado sobre Educación consensuado con las formaciones políticas y las organizaciones del sector para que este sea estable.

Las asociaciones de padres se han mostrado esperanzadas con el gesto del ministro de Educación de suspender los efectos académicos de las ‘reválidas’ de Secundaria e ir más allá de las demandas de formaciones políticas y comunidad educativa al proponer que las ‘reválidas tengan un carácter muestral y se celebren sólo en los centros elegidos por las comunidades autónomas. Sin embargo, no terminan de fiarse del anuncio de Educación y esperan a la presentación del real decreto para conocer todos sus detalles.

Una reacción bastante positiva en comparación a la de organizaciones estudiantiles, quienes sólo han valorado que los estudiantes tendrán menos dificultades añadidas este curso. En concreto, estos actores educativos siguen preocupados por las pruebas de Bachillerato, que deberán ser realizadas por aquellos alumnos que quieran acceder al sistema universitario, ya que aún entran contenidos de primer año y será necesario obtener un 5 para aprobar; un aumento de las exigencias respecto a la Selectividad con sólo unos meses de margen.

El escepticismo también ha cundido entre las organizaciones sindicales de profesores, con posiciones favorables a articular una nueva ley educativa para conseguir un mayor consenso entre políticos, gobernantes y comunidad educativa. Ante unas ‘reválidas’ que no tendrán parecido con las articuladas en la LOMCE, los sindicatos preguntan sobre el mantenimiento de este marco educativo y optan por pedir una nueva ley al ministro y empezar a trabajar en un Pacto de Estado por la Educación que no cree situaciones como estas.

Los sindicatos exigen una nueva ley educativa

La responsable del sector de Enseñanza FESP-UGT, Maribel Loranca, ha tildado de “impresionante” el anuncio del ministro Méndez de Vigo. Sin embargo, ha instado al titular de Educación a ir más allá de las reformas propuestas y apostar por anular las reválidas, recuperar las PAU y que “de verdad” empiece a trabajar con el Parlamento para elaborar una nueva ley educativa de consenso, donde se escuche a la comunidad educativa. También ha pedido empezar a hablar de un Pacto Educativo pero también de inversión y reversión de los recortes aplicados en la enseñanza.

Ante la situación de “confusión tan grande” en el sector de la enseñanza, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha pedido a los representantes políticos que “se aclaren”. En su opinión, el anuncio del ministro de Educación revela que “ha renunciado de alguna manera” a realizar las reválidas tal como se planteaba en la LOMCE, señalando que la cuestión ahora es “qué va a quedar” de la ley educativa y elegir un modelo educativo.

El sindicato más crítico con el anuncio de dejar sin efectos académicos a las reválidas de ESO y Bachillerato ha sido la Federación de Enseñanza de CC.OO. Su secretario general, Francisco García ha advertido que “no se cifra” el período transitorio en el que no tendrán efectos; aunque el objetivo de la organización es que no haya reválidas con efectos académicos “ni este curso ni ninguno”.

Asimismo, el secretario de FE-CC.OO ha recordado que los exámenes de Bachillerato planteados por el ministro Méndez de Vigo, con los recientes cambios incluidos, no van a ser iguales al modelo de la Selectividad. Los alumnos deberán hacer frente a pruebas de respuestas múltiples, con contenidos de primer curso y con otros cambios a los que deberán prepararse a escasos meses de la celebración de los exámenes. Por ello, García ha exigido el mantenimiento de las PAU “hasta que haya una nueva ley educativa”.

Por último, el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha aplaudido que la prueba de Bachillerato incluya principalmente contenidos de secundo curso y que las pruebas de Secundaria tengan un carácter de diagnóstico, ya que la situación anterior generaba “mucha, mucha ansiedad” a los estudiantes. Sin embargo, señala que todos los actores deben “ponerse a trabajar inmediatamente” en alcanzar un Pacto de Estado por la Educación “sin parches o reales decretos”.

Los estudiantes no se fían del Ministerio

En el caso del Sindicato de Estudiantes (SE), su secretara General Ana García coincide en que la decisión del Ministerio de Educación ha sido tomada gracias a la “presión que ha habido en la calle” en forma de movilizaciones y huelgas, siendo la más reciente la del pasado 26 de octubre. La organización estudiantil apunta que su objetivo es que las ‘reválidas’ planteadas por el Gobierno de Mariano Rajoy “no existan nunca”.

Por ello, rechaza que el Ministerio de Educación proponga unas pruebas de evaluación final de Secundaria y Bachillerato con carácter censal para este curso académico y hasta alcanzar un Pacto de Estado educativo. Ante la decisión del ministro de aplicar un decreto ley para cambiar las ‘reválidas’, García ha afirmado que su organización “no se fía un pelo” del Ejecutivo porque “miente constantemente”. Aunque, ha reconocido, que de confirmarse su carácter muestral sería un “alivio” para los alumnos de Bachillerato.

Por su parte, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López ha reconocido que “en principio” los cambios introducidos van en dirección a asemejar las reválidas de Bachillerato con las PAU, lo cual “es una buena noticia” para los alumnos de esta etapa. Sin embargo, ha instado al Ministerio de Educación a que la nueva norma sea “consensuada” también con la comunidad educativa.

Por último, ha señalado que el “requisito” de CANAE para dar su aprobación a la nueva prueba de acceso al sistema universitario consiste en rebajar la nota mínima a obtener en la ‘reválida’ para poder hacer la ponderación con la nota de Bachillerato. Actualmente, se exige un mínimo de 5 puntos en la prueba para poder hacer media, uno de los cambios respecto a la Selectividad pues en sólo era necesario obtener una puntación mínima de 4. También piden que no sean evaluables contenidos y asignaturas de primer año, algo que no sucedía con las PAU.

Los padres valoran el gesto como un primer paso

El presidente de CEAPA, José Luis Pazos, ha explicado que las modificaciones en forma de borrador de decreto ley del Ministerio de Educación son un “gesto” de buena voluntad hacia las negociaciones sobre el Pacto de Estado de Educación, aunque todavía mantiene estos cambios “en cuarentena”. En su opinión, las movilizaciones desde 2012 de la mayor parte de la comunidad educativa contra estas pruebas han hecho al ministro replantearse su introducción.
Igualmente, el escepticismo también se hace patente en la organización CONCAPA. Su presidente, Pedro Caballero, ha señalado que aún no han visto “la letra pequeña” de la medida anunciada por el Ministerio de Educación, aunque reconoce que es una “posibilidad para desencajar este problema” y poder alcanzar un verdadero Pacto de Estado por la Educación. Con todo, Caballero da una valoración positiva de este “primer paso” para el entendimiento entre Gobierno y comunidad educativa.

Imagen: © ridofranz

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