La aplicación inicial de la LOMCE no computará como deuda autonómica

El Ministerio de Educación ha asegurado que los costes de implantación de la LOMCE durante los tres primeros cursos no se contabilizarán como deuda autonómica, tras su reunión con los consejeros del ramo. El Gobierno repartirá una partida inicial de 964 millones de euros para hacer frente a los sobrecostes de aplicación de la reforma.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha defendido que el sistema de financiación de la reforma educativa, presentado el lunes a los consejeros autonómicos de Educación, no afectará a la deuda de las autonomías. Así pues, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, Wert ha afirmado que el coste de aplicar la reforma educativa que supone la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no revertirá en deuda autonómica.

En la Conferencia Sectorial de Educación, los responsables de Andalucía, Asturias, Canarias o País Vasco han expresado sus dudas sobre el sistema de financiación de la reforma educativa; al mismo tiempo que han criticado que el Ministerio haya presentado a sólo dos meses del inicio del próximo curso escolar su propuesta de financiación. Según anunció el Gobierno, parte del coste de implantación de la ley proviene de fondos europeos; unos 614 millones de euros que las autonomías temen que el Gobierno cargue como deuda de estas administraciones.

El responsable de Educación ha explicado que la implantación de la norma durante los tres primeros años académicos (hasta el curso 2016-2017) se requieren 964 millones de euros, que se trata de un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial se “amortiza automáticamente” con la generación de un crédito. Con todo, la aplicación de la LOMCE “supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado este anticipo” a las comunidades autónomas, por lo que no se debe contabilizar como deuda de éstas.

Asimismo, Wert ha insistido que aquello que genera déficit en los presupuestos autonómicos son los intereses de los préstamos, algo que en los anticipos de los fondos europeos queda excluido. “El anticipo, como es en este caso, si se da como adelanto de fondos europeos, no hay intereses”, ha hecho hincapié el Ministro; al tiempo que insistía que “no entra en la contabilidad de las comunidades autónomas” por lo que los Gobiernos autonómicos no deben pensar que el adelanto de estos fondos para la aplicación de los cambios de la LOMCE repercutirá negativamente en sus cuentas.

La financiación varía en cada autonomía

El coste de implantación de la reforma educativa será de 964 millones de euros para los tres próximos cursos escolares, de los que 614 proceden de un Fondo Social Europeo y otros 350 de las arcas del Gobierno central. Asimismo, el Ministerio de Educación estima que para la consolidación del sistema se requerirán otros 3 cursos y un presupuesto de otros 1.200 millones de euros (unos 400 millones por curso académico). Según los planes del Gobierno, en este último grado de implantación las comunidades autónomas deberán participar en la financiación de la ley.

El reparto de fondos inicial a las comunidades autónomas se hace para afrontar los sobrecostes que suponen los cambios en el modelo educativo –la creación de la FP Básica y los itinerarios en tercero y cuarto curso de la ESO–, gastos de personal y gastos de funcionamiento. El ministro de Educación ha insistido que en la medida en la que las comunidades autónomas incurran en estos gastos derivados de la aplicación de la LOMCE podrán recurrir a los fondos.

Las autonomías que recibirán una mayor financiación para la aplicación de la LOMCE serán Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 189,67 y 112,12 millones de euros, respectivamente, mientras que las que menos fondos son Navarra y La Rioja (11,75 y 9,72 millones). Entre medias se sitúan la Comunidad de Madrid (110,89 millones), Cataluña (106,17 millones), Castilla y León (59,92), Castilla La Mancha (58,12), Galicia (55,07), País Vasco (48,89), Canarias (44,86), Murcia (40,81), Extremadura (29,45), Aragón (26,04), Baleares (23,07), Cantabria (12,45) y Asturias (12,02). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tendrán una financiación de 4,68 y 8,35 millones de euros, respectivamente.

Imagen: Images_of_Money

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