El TSJC obliga a enseñar en castellano en las aulas con alumnos solicitantes

Si uno estudiante pide recibir su educación en castellano por vía judicial, el resto de sus compañeros de clase también recibirán las clases en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) así lo ha determinado, mientras que la consejera de Educación ha dado instrucciones para que reciban una atención individualizada.

Banderas en la Generalitat de Cataluña

Banderas en la Generalitat de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado en varios autos en respuesta a recursos de reposición de varias familias que habían solicitado por vía judicial el castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. Así pues, la Consejería de Enseñanza de la Generalitat debe introducir el castellano en las aulas donde estén escolarizados estos alumnos.

Según el auto del TSJC, con fecha en 6 de marzo, el sistema educativo catalán “ha de adaptarse a toda la clase –o unidad escolar– de la que forma parte ese alumno”, lo que afecta a los estudiantes que lo han solicitado junto con sus compañeros. De este modo, aunque los restantes estudiantes y sus padres estén de acuerdo en recibir su educación en catalán, deberán perder esta oportunidad por un solo individuo.

El tribunal argumenta que, de otro modo, “tendría que ser reparado el hijo de la parte actora en una clase aparte, o permanecería en la misma con atención individualizada”. Si bien, el TSJC explicita que proporcionar la atención individualizada en castellano y mantener la clase en catalán ha sido rechazada por el Tribunal Supremo (TS) por considerar que la atención particular es discriminatoria, tanto como separar niños en distintas clases.

Así, el escrito confirma el auto del 3 de enero de 2013 de la sala contenciosa administrativa del TSJC en el que pidió al Departamento de Enseñanza de la Generalitat “adoptar medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios en ella”. Sin embargo, el mismo tribunal ahora matiza que la educación en castellano afecta a toda la clase del alumno que lo solicite.

Con un voto particular, el fallo rechaza los recursos de reposición impuestos por una decena de familias y la Generalitat. Además, en relación a cómo se debe aplicar la proporcionalidad  entre ambas lenguas cooficiales, afirma que la potestad de esta decisión es de la Generalitat y no corresponde al tribunal “sustituir a la Administración en el ejercicio de una potestad propia”.

No obstante, el TSJC también afirma que la Generalitat debe modificar puntualmente el sistema si así lo establecen los tribunales que “controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa”. A más, recuerda que el derecho fundamental a la educación que recoge la Constitución Española no garantiza recibir la enseñanza sólo en una de las lenguas oficiales del estado.

La Consejería de Enseñanza no acatará la decisión

La decisión alcanzada por el TSJC se basa en la sentencia del Tribunal Superior del 19 de febrero de 2013 que afirmaba que el derecho de las familias a pedir una educación en castellano como lengua vehicular se reconoce como la “entera transformación del sistema”. Este aspecto debía interpretarse como el colegio y el curso de los estudiantes solicitantes, por lo que el modelo de inmersión lingüística quedaría desamparado en ese caso.

Sobre este punto de la resolución, la Consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ya manifestó que la atención en castellano no se extrapolaría ni al grupo al que asiste el estudiante ni en el conjunto del centro en el que esté matriculado. La consejera afirmó que ello no respetaría el derecho de los otros estudiantes a recibir su educación en catalán como lengua vehicular.

De hecho, el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre el sistema de inmersión lingüística de Cataluña, la consejería ya ha dictado hasta 5 resoluciones que ordenan a los centros donde están escolarizados los hijos de las familias solicitantes. Enseñanza ordenaba a los centros que “reconocieran su situación jurídica individualizada”, lo que equivale a brindarles una atención individualizada en castellano.

Fuente: europapress.es
Foto: Francesc_2000

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