El TC admite los recursos contra los recortes en Educación

Mazo de un juez

Mazo de un juez

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y los gobiernos del País Vasco y Canarias contra los recortes en el ámbito educativo que ha ido realizado el Ejecutivo central. Así pues, el alto tribunal deberá decidir la constitucionalidad del Real Decreto ley 14/2012, 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Los tres recursos admitidos por el TC coinciden en impugnar los artículos 3 y 4 de la normativa. El primero de estos se refiere a la ampliación de la jornada semanal de los profesores, que queda establecida con un mínimo de 25h semanales en las etapas de Educación Infantil y Primaria, y de 20h a la semana en Educación Secundaria.

El artículo 4, por su parte, establece que la sustitución de docentes únicamente podrá realizarse por funcionarios interinos una vez hayan transcurrido diez días lectivos desde la última clase impartida; aunque no en todos los casos se ha podido cumplir lo dispuesto con la ley. Según la normativa, durante estos diez días de espera, la educación de los alumnos deberá ser atendida con los recursos de que dispone el propio centro docente.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña también ha incluido en su recurso de inconstitucionalidad los artículos 6 (apartados uno, tres y cuatro), que se trata de una modificación de la ley Orgánica de Universidades, y el artículo 7, que trata el sistema de financiación de las becas y las ayudas para los estudiantes universitarios. Ambos artículos también serán revisados por el alto tribunal para decidir su adecuación al marco de la Constitución o no.

En concreto, el artículo 6 en el apartado uno establece que el Gobierno central será quien tenga las competencias para determinar con carácter general los requisitos básicos para la creación de centros y estructuras de educación universitaria. El apartado tres dispone alianzas entre universidades y relaciones con organismos públicos de investigación o empresas, para desarrollar enseñanzas tituladas. Por último, el cuarto apartado establece un nuevo régimen de dedicación del profesorado universitario.

En cambio, el artículo 7 atañe a la financiación pública de la oferta educativa de los centros universitarios. En la normativa se establece que el Estado financiará la cantidad correspondiente al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza universitaria. Por lo tanto, les corresponde a las comunidades autónomas financiar con sus presupuestos la diferencia entre el precio público fijado y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza.

Foto: Vectorportal

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