Aunque a estas alturas de la partida pueda sonar a chiste, las grandes empresas españolas acaban de presentar una serie de la medidas para reducir el paro un 10%, o lo que es lo mismo, generar 2’3 millones de empleos en cuatro años. Desde muchos ámbitos se critica que estas medidas deberían haberse propuesto hace años, y no son pocos los escépticos sobre su efectividad en el caso de que el Gobierno las llegue a aplicar:
- Trabajo sumergido (800.000 empleos): según los empresarios, la economía sumergida representa el 23% del PIB, el doble que en países europeos como Francia u Holanda. Por eso, piden más inspectores laborales, incentivos fiscales a la creación de contratos formales o un cambio de actitud frente al fraude laboral.
- Internacionalización de las empresas (700.000 empleos): la consolidación como exportador de las empresas que estos años han empezado a vender al extranjero podría generar 700.000 puestos de trabajo.
- Crecimiento económico (600.000 empleos): piden un ajuste fiscal de 30.000 euros que en vez de aumentar los ingresos sirva para reducir gastos, y que el esfuerzo fiscal recaiga en los impuestos indirectos y no en el IRPF, además de perseguir el fraude fiscal. Así, podrían generarse hasta 600.000 empleos.
- Empresas más grandes y productivas (400.000 empleos): exigen al Gobierno que la ley del mercado único se aplique de forma más efectiva, lo que supone más flexibilidad laboral para el traslado geográfico, unos tribunales más ágiles y rebajas fiscales. Así de duplicarían las grandes empresas (más de 250 empleados) y habría un 60% más de medianas empresas (de 50 a 250 empleados).
- Mejora del nivel educativo y más cualificación especializada (200.000 empleos): los empresarios piden destinar un 6’2% del PIB a educación. Los recursos deberían concentrarse en los primeros niveles -infantil y primaria- y piden aumentar el control de las becas, incrementando su cuantía e introduciendo la competencia entre centros educativos.
- Acelerar la economía del conocimiento con el desarrollo digital y el I+D (130.000 empleos): un impulso a la economía del conocimiento y destinar el triple de recursos al I+D, tanto desde el ámbito público como desde el privado, generaría 130.000 empleos adicionales.
- Política energética sostenible (100.000 empleos): finalmente, la apuesta por una política energética sostenible, además de beneficiar a la propia economía española y al medio ambiente, se traduciría en la creación de 100.000 empleos. Hace unos días, varias organizaciones cifraron en un millón de empleos el potencial de España a la hora de generar empleos verdes de aquí a 2020.
Más información: Antena 3, El País
Foto: UNED
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