Las agencias privadas no pueden recolocar parados

La justicia le ha dado la razón al Gobierno Vasco y asegura que las empresas privadas no pueden participar en la recolocación de parados con fondos públicos procedentes del ministerio de Empleo.

Fired frustrated man in suit sitting near office.

Una de las últimas medidas estrella de la anterior legislatura para reducir el elevado índice de desempleo que tenemos en España fue la recolocación de parados a través de las agencias de empleo privadas. El Gobierno lo aprobó en 2015, pero ahora la justicia le ha dado la razón al Gobierno Vasco e impide recurrir a las agencias privadas para recolocar parados en Euskadi. Por ahora es la única comunidad afectada, pero se espera que pronto se sumen hasta seis comunidades más.

Aunque se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas, Empleo decidió contratar a empresas privadas para recolocar a los desempleados en toda España porque, según la ministra Fátima Báñez, era necesario impulsar la movilidad geográfica de los desempleados. Se convocó un concurso por un importe de 41 millones de euros en dos años, y ganaron las cuatro grandes del sector: Adecco, Eulen, Manpower y una agencia que depende de los salesianos.

La idea del Gobierno no sentó nada bien en Lanbide, el servicio de empleo público vasco, que llevó el proyecto al Juzgado central de lo contencioso-administrativo. El juez paralizó cautelarmente este programa en Euskadi, y ahora ha confirmado que la iniciativa del ministerio de Empleo invade las competencias del Gobierno Vasco. Pese a esa limitación a las tres provincias vascas y a que la sentencia se puede recurrir, la decisión judicial abre la puerta a nuevas demandas, en especial en Catalunya y Andalucía.

Desde la Generalitat siempre han mostrado el rechazo a cualquier plan de empleo procedente de Madrid, alegando las competencias y con el pulso independentista como telón de fondo; mientras que la Junta de Andalucía denuncia la „alta carga ideológica” de estos planes. Según Sevilla, el dinero que debería dedicarse a la modernización de los servicios públicos de empleo acaba en manos de la empresa privada, y apuntan a que los 50 millones dedicados el año pasado a ese fin son casi lo mismo que se llevaron las empresas participantes en el programa de recolocación.

Euskadi, Catalunya y Andalucía no firmaron el acuerdo marco para el uso de agencias privadas en su día, y la Comunitat Valenciana, Castilla-la Mancha, Aragón y Extremadura, que lo hicieron bajo gobiernos populares, estudian tomar medidas después de renunciar a él cuando llegaron presidentes socialistas tras las elecciones de 2015. Desde el Gobierno alegan que este sistema existe en todos los países de la OCDE salvo en España, y que la tasa de recolocación se acerca al 10% así que lo más probable es que el próximo capítulo de este culebrón se escriba en la Audiencia Nacional.

Vía: El País

Foto: © vadimphoto1@gmail.com

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