Abogados y Procuradores objetan la Ley de Servicios Profesionales

La Ley de Servicios Profesionales está dando mucho que hablar desde el mismo momento en que se pudo conocer de la existencia de un «borrador» en el que se expresa la intención del Gobierno español por regular la función y competencia de las colegiaturas de diversos grupos de profesionales españoles.

Recientemente, los presidentes de los letrados y los procuradores de nuestro país así como los colegios de abogados se manifestaron en rechazo de los puntos más polémicos del borrador del anteproyecto de esta norma que está siendo elaborada por la cartera de Economía.

Por parte de los letrados, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha señalado que “lo mejor que podría pasarle a esta ley es que no saliera adelante, porque tiene más aspectos negativos que positivos”. Lo antedicho lo ha pronunciado en representación de más de 125.000 letrados colegiados en España.

A los abogados y a los procuradores no les ha hecho ninguna gracia el borrador del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que se ha filtrado. Es más, en los ámbitos profesionales así como en los espacios virtuales tales como redes sociales y foros especializados, las críticas se dejan leer y escuchar a viva voz.

De hecho, desde que se conoció el primer texto de la norma que está elaborando el Ministerio de Economía, Abogados y Procuradores se están reuniendo para evaluar el alcance de las medidas en el caso de que se concreten. El CGAE, por caso, ha ordenado un pleno monográfico con los 83 decanos de los colegios de abogados de España para tratar este tema.

Uno de los puntos del Borrador que los decanos ven con preocupación es que el texto final pueda permitir que sólo los letrados que ejercen ante los tribunales tengan que colegiarse; algo que, para Pere Lluis Huguet, decano del Colegio de Abogados de Reus, sería un error: “La colegiación es obligatoria por la concurrencia de valores superiores que merecen protección, en nuestro caso los derechos fundamentales, y pueden vulnerarse dentro y fuera del ejercicio ante los tribunales, por ello resulta absurda la diferenciación”.

En este sentido, Carnicer apunta que es incomprensible esta separación, ya que “cada vez hace más falta abogados que aunque no actúen ante los tribunales defienden los derechos de los ciudadanos, como en temas de extranjería”.

En cuanto a la posible anulación de la incompatibilidad entre el ejercicio de la Abogacía y la Procura, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, ha dicho que “ésta existe desde siempre y, su desaparición, sería un gravísimo error. Hay muchas cuestiones que demuestran las ventajas de mantener la incompatibilidad”.

Fotografía:  j3ne en Flickr

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