Los funcionarios también pueden perder su trabajo

Funcionarios de carrera, también pueden perder su empleo.La comisión de faltas disciplinarias muy graves puede separar de su servicio a un funcionario, pero no es una situación habitual.las causas por las que un trabajador puede perder su condición de funcionario están legalmente establecidas y vienen señaladas en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público. Además de la renuncia y la jubilación, está la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviese carácter firme, la pérdida de la nacionalidad y la sanción disciplinaria de separación del servicio, también de carácter firme.

En este año de crisis en que el número de parados supera los tres millones y medio y una gran parte de los ciudadanos teme perder su empleo, las miradas se vuelven hacia los funcionarios. Las listas de personas que desean acceder a un puesto público han aumentado en los últimos meses y cada vez son más los trabajadores, estudiantes o desempleados que solicitan participar en procesos selectivos, incluso en categorías muy inferiores a las que podrían optar.

Oposiciones

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La búsqueda de un trabajo seguro se ha convertido en el objetivo de miles de españoles que desean tener un horario reglado en el que saben que no tendrán que «hacer» gratuitamente horas extra, con vacaciones, días de asuntos propios y, en muchos casos, ayudas sanitarias, para el transporte o para el estudio con la seguridad de que este trabajo será para siempre. Ahora bien, la comisión de faltas disciplinarias muy graves puede dar al traste con esta carrera de funcionario, aunque son situaciones extremas.

En España los funcionarios siempre han sido envidiados. Es frecuente que se les identifique, casi exclusivamente, con el personal administrativo de oficinas, pero este grupo está integrado por infinidad de profesiones: médicos, enfermeros, periodistas, abogados, jueces, arquitectos, limpiadores, bomberos, policías… Éstas son sólo algunas de las numerosas profesiones que pueden desempeñar. También son diversas las categorías por las que puede optar un ciudadano que quiera acceder a la función pública según la titulación que posea. De acuerdo al ámbito en que realiza el trabajo, el funcionario puede ejercer sus funciones en la Administración General del Estado, la autonómica o la local que, a su vez, pueden crear organismos autónomos, agencias o fundaciones.


Cuando se habla de empleo público, se tiende a pensar que éste es fijo, pero no todos los asalariados de la Administración disfrutan de un trabajo para toda la vida. Además del personal laboral (que puede tener un contrato de trabajo fijo, por tiempo indefinido o temporal) está el personal eventual que «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial». Su nombramiento y cese son libres, aunque, en todo caso, deben dejar su cargo cuando se produzca el cese de la autoridad a la que asesoren.

Entre los propios funcionarios también cabe distinguir entre aquellos que son de carrera y los interinos. El Estatuto Básico del Empleado Público define a los funcionarios de carrera como aquellos que «en virtud de nombramiento legal están vinculados a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente». Para adquirir esta condición es necesario superar un proceso selectivo, ser nombrados por el órgano o autoridad competente, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y tomar posesión en el plazo establecido.

Muy distinta es la situación de los funcionarios interinos, que son nombrados «por razones expresamente

Examen de oposicion

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justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera» cuando existen plazas vacantes que no puedan ser cubiertas por estos; para sustituir de manera transitoria a los titulares; para ejecutar programas de carácter temporal, o por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de un año. Su cese se produce cuando finaliza la causa que dio lugar a su nombramiento. Es decir, siendo funcionarios, se ven sometidos a una temporalidad similar a la del resto de los trabajadores y en cualquier momento pueden perder su empleo.

Según revelan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), por primera vez en la historia de España, más de tres millones de personas trabajan como empleados públicos, lo que constituye en torno a la sexta parte de la población asalariada española. El mayor número de efectivos se encuentra en las comunidades autónomas, que cuentan con un total de 1.639.900 trabajadores, más de la mitad del total; 650.400 prestan sus servicios en las administraciones locales mientras que 531.600 pertenecen a la Administración central. El incremento del número de funcionarios autonómicos se debe, entre otras causas, al progresivo traspaso de competencias que han recibido por parte del Estado.

Mientras el número de trabajadores del sector privado ha caído durante este último año, el de los empleados públicos no ha hecho sino aumentar. En concreto, 116.200 ciudadanos han pasado a ser asalariados públicos durante 2008. Se calcula que el gasto de personal de las administraciones públicas en 2009 ascenderá a 108.365 millones de euros de los cuales 33.057 millones irán destinados a los trabajadores estatales, 55.309 millones a las comunidades autónomas y 20.000 millones a los ayuntamientos.

Pero la seguridad con la que cuentan los funcionarios de carrera y los laborales fijos ha hecho que, con la profunda crisis económica por la que atraviesa España, no sean pocas las voces que reclaman una congelación salarial para los empleados públicos (muchos de ellos con unos sueldos bastante más bajos que los que se perciben en la empresa privada) e incluso que se generalicen los despidos con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración y contar con un número de efectivos más reducido y mejor preparado. Mucha gente se pregunta por qué este colectivo disfruta de una estabilidad que resulta casi excesiva en comparación con el resto de los trabajadores.

Temario de oposiciones

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Las causas son diversas. Uno de los motivos que justifican que un funcionario de carrera no pierda su condición salvo por causas de extrema gravedad son los cambios de Gobierno que, al menos cada cuatro años, se dan en el ámbito estatal, autonómico o local. Si cada vez que se constituye un nuevo Ejecutivo, una Asamblea autonómica o un Ayuntamiento, el nuevo equipo pudiera modificar la plantilla de funcionarios se podrían dar injustas situaciones de amiguismo, por no hablar del coste que tendría la renovación periódica de los trabajadores, que tendrían que pasar un tiempo aprendiendo las normas del nuevo empleo, con la pérdida de eficacia que esto supondría para la ciudadanía.

Para que esto no suceda, la Administración ha establecido una serie de criterios objetivos para que todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a un empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que se expresan en la publicidad de las convocatorias y sus bases; en la transparencia; en la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; en la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; en la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como en la agilidad en los procesos de selección.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el tiempo invertido y el esfuerzo a veces a tiempo completo y durante años) que realizan las personas que desean acceder a un puesto de trabajo fijo. Son numerosos los opositores que dejan a un lado cualquier tipo de diversión para conseguir un empleo como funcionario, por lo que sería injusto que una vez conseguido pudieran perderlo por criterios que no fueran los estrictamente establecidos.

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