El Constitucional anula el proceso de sanción a desempleados

El Constitucional ha declarado inconstitucional la capacidad de sanción del Estado a los parados que no cumplan con sus obligaciones, y serán las comunidades autónomas las que se encarguen de las sanciones.

Acudir a los cursos de orientación laboral, pasar revista del paro y renovar la demanda cada tres meses, aportar al Servicio Público de Empleo toda la información necesaria para garantizar la recepción de notificaciones, aceptar las ofertas de empleo que se ajusten a sus características… son algunas de las obligaciones de los parados inscritos en los servicios públicos de empleo. Hasta ahora, si no cumplían con ellas, el Estado los podía sancionar reteniéndoles parte de su prestación por desempleo, desde un mes del subsidio hasta la prestación entera.

Pero desde el pasado 23 de mayo la situación ha cambiado. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que eliminaba el procedimiento sancionador por invadir las competencias de las autonomías, por lo que a partir de ese día dejaron de sancionarse a los infractores. En su sentencia, el Constitucional declaraba nulos los artículos legales donde se atribuían al SEPE las sanciones, ya que si las comunidades tienen las competencias en materia de empleo también son ellas las que tienen capacidad sancionadora.

Tanto el ministerio de Empleo como las oficinas del antiguo INEM confirman que desde que se publicó la resolución del Constitucional no se han cursado nuevas sanciones, y que las bajas cautelares que estaban en marcha a fecha de 23 de mayo se han retirado. A los que no afecta la resolución es a los parados que fueron sancionados antes de que el Constitucional emitiese la sentencia, que no anula las sanciones anteriores alegando «seguridad jurídica».

Esta sentencia no quiere decir que las sanciones vayan a desaparecer, sino que ahora serán las comunidades autónomas las que se encarguen de aplicarlas. Cada comunidad podría comenzar a aplicar sanciones ya, pero la falta de recursos o personal, además de la inexistencia de procedimientos, hacen que tengamos que esperar un poco para que vuelvan. Por su parte, el ministerio de Empleo quiere alcanzar un pacto con las 17 autonomías para garantizar que los ciudadanos de cada comunidad reciban el mismo trato a la hora de ser sancionados.

La sentencia del Constitucional llega casi una década después de que la Generalitat de Catalunya presentase, en el año 2004, un recurso de inconstitucionalidad ante una serie de perceptos legales que, según el gobierno presidido entonces por Pasqual Maragall, vulneraban sus competencias. La normativa anulada por el Constitucional establecía cuatro tipos de sanciones: a la primera infracción, el desempleado perdía un mes de prestación; a la segunda se quedaba sin tres meses de subsidio; la tercera infracción implicaba una mérdida de seis meses de prestación y a la cuarta infracción es cuando se le retiraba la prestación completa.

Fuente: Cadena Ser

Foto: Treball. Generalitat de Catalunya

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