Objetivo, mejorar la búsqueda de empleo

Uno de los problemas del mercado laboral español es la ineficacia de las políticas de empleo, por lo que el Gobierno quiere centrarlas en la colaboración con las agencias de colocación.

Una de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacía al gobierno español en la nueva reforma laboral que le proponía era mejorar la búsqueda de empleo, en especial entre los colectivos con más dificultades para encontrarlo como son los jóvenes o los parados de baja cualificación. El ejecutivo no parece estar dispuesto a seguir las indicaciones del FMI salvo en el caso de la ayuda a buscar empleo, que siempre han parecido quedar al margen de todas las reformas.

Para hacernos una idea de la desatención a aspectos como la formación, entrevistas, la búsqueda de empleo o los itinerarios de inserción laboral, un dato: este año solo el 13’5% del presupuesto destinado a luchar contra el desempleo se ha destinado a este tipo de acciones. En esta ocasión, el FMI no se quedará solo en sus reivindicaciones, ya que sindicatos, economistas de diversos ámbitos e incluso desde la Organización Internacional del Trabajo han instado a Rajoy a llevar a cabo la reforma de las políticas activas de empleo.

Reino Unido parece ser el modelo a seguir para Empleo. La hoja de ruta del ministerio que dirige Fátima Báñez pasa por la colaboración con las agencias de colocación privadas, con las que compartiría las labores de ayudar a los parados a buscar empleo. Esta se ha convertido en la principal prioridad de Empleo, y todo apunta a que se limitará a trabajar junto a las agencias privadas; y ONGs, ayuntamientos o universidades quedarían al margen. En el Reino Unido este sistema se utiliza desde hace dos décadas.

Empleo ya ha comenzado a diseñar el convenio. Las agencias de colocación recibirán como máximo, entre 300 euros si es un menor de 30 años con poco tiempo desempleado y 3.000 euros si se trata de un parado de larga duración mayor de 45 años siempre que se coloquen, como mínimo, durante seis meses. Además, las comunidades autónomas pueden podrían aportar hasta 400 euros por trabajador colocado. Una de las principales críticas que ha recibido la idea es el límite presupuestario de 66 millones de euros en cuatro años que tiene.

La última palabra será de las comunidades autónomas, que tienen la competencia en la gestión de políticas activas de empleo. Las negociaciones entre Empleo y las consejerías autonómicas ya han empezado; y empleo quiere que las comunidades reciban fonsos de acuerdo con el cumplimiento de objetivos. De momento, no ha habido ningún cambio más allá de la reducción del presupuesto, que se ha llevado por delante bonificaciones y subvenciones a la contratación, además de la formación o la orientaicón laboral.

Fuente: El País

Foto: Gobierno de Aguascalientes 

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