La Generalitat recurrirá la escolarización en castellano ante el TC

La Generalitat ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto del Ministerio de Educación que obliga a sufragar los costes de la escolarización privada en castellano. El Ejecutivo catalán argumenta una invasión de sus competencias en materia educativa por parte de Gobierno central.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Ministerio de Educación en el que se obliga a la administración catalana a correr con los gastos de escolarización privada de los estudiantes que soliciten el castellano como lengua vehicular. El Ejecutivo argumenta una invasión de las competencias de Cataluña en materia educativa.

Este martes, el Consejo Ejecutivo ha aprobado presentar un recurso de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la obligación de sufragar la escolarización privada en castellano en Cataluña. Esta decisión se ha tomado tras la negativa al requerimiento hecho al Gobierno central para cambiar la normativa y después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminase que el decreto vulnera competencias en materia educativa de la Generalitat.

La Generalitat argumenta que la decisión del Ministerio de Educación “supone una invasión y un detrimento de las competencias propias en materia de educación y lengua” y expone que el Ejecutivo carece de los requisitos para poner en funcionamiento este mecanismo. Asimismo, el Gobierno de la Generalitat considera que la puesta en marcha de este sistema educativo conlleva una “separación de los alumnos por razón de lengua”, un hecho contrario al objetivo del régimen lingüístico de la enseñanza de Cataluña que reconoce el Estatuto y la Ley de Educación.

En concreto, el marco normativo de Cataluña establece que no pueden discriminarse los estudiantes por razón de lengua; una situación que se produce con la decisión del Ministerio de Educación de crear un sistema segregado para aquellos estudiantes que soliciten judicialmente el castellano como lengua vehicular en su escolarización en Cataluña u otra comunidad con lengua propia.

El decreto otorga al Estado la capacidad de suplantar a los ejecutivos autoníomicos cuando estos no dispongan de garantías para ofrecer la enseñanza en castellano en una proporción razonable. En este supuesto, establece que los estudiantes que lo soliciten serán escolarizados en centros privados donde sí exista esta oferta, siendo el coste de esta matriculación sufragado por las arcas públicas de esa autonomía. Sin embargo, establece que sean las familias quienes adelanten los costes de estudiar en un centro privado, para luego reclamarlos al Gobierno autonómico correspondiente; en este caso, la Generalitat.

Imagen: Todd Binger

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