La Defensora del Pueblo pide al Gobierno una educación inclusiva

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que garantice los principios de normalización e inclusión en la enseñanza de los estudiantes con discapacidad. Con todo, Becerril defiende que los centros deben disponer del material y el personal necesario para poder atender de forma correcta a este colectivo de alumnos.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que dote de una “especial atención” a los aspectos que mejore el principio de igualdad del alumnado con discapacidad en los preceptos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La Defensora del pueblo ha insistido en la necesidad de prestar una mayor atención al colectivo de discapacitados, que se enfrenta a muchas barreras para poder estudiar.

Con todo, Becerril ha recomendado al Gobierno que preste “especial atención a los principios de normalización e inclusión y de no discriminación e igualdad” de los estudiantes con una discapacidad, aprovechando el cambio en el marco educativo que supone la aplicación de la LOMCE en las aulas. La reforma educativa ha sido vigilada por las entidades del sector, llegando a recomendar presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto ya que no trabaja contra la exclusión de este colectivo.

No obstante, la oficina del Defensor del Pueblo ha preferido hacer una recomendación al Gobierno, en sintonía con la petición que la institución había recibido del CERMI sobre la inconstitucionalidad de la LOMCE. Finalmente, la Defensora del Pueblo no recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, pero se ha dirigido al Gobierno para que atienda y garantice las reclamaciones en materia educativa de este colectivo.

Es necesario formular esta recomendación para que se garantice normativa y presupuestariamente la educación inclusiva del alumnado con discapacidad en el desarrollo y la aplicación de la ley. La escolarización en centros ordinarios debería ser la norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con discapacidad en centros de educación especial, debería tener carácter excepcional.

En opinión de Becerril, el derecho a la educación de los niños que presentan una discapacidad se debe basar en el principio de inclusión y no segregación. Así pues, estos estudiantes deberían acceder a una escolarización normalizada con los apoyos educativos suficientes para ser atendidos correctamente en centros ordinarios, en vez de ser apartados a un centro de educación especial.

Así pues, la Defensora del Pueblo considera necesario que los centros tengan garantizado disponer de los medios personales y materiales necesarios para atender la escolarización de estos alumnos con necesidades educativas específicas, de modo que su educación se dé en condiciones de igualdad. Asimismo, ha trasladado al Gobierno que los padres o tutores de dichos estudiantes tienen el derecho de participar activa, completa y directamente en las decisiones de escolarización que se adoptasen sobre sus hijos.

Foto: SmartSignBrooklyn

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