El Tribunal Supremo niega la discriminación del alumnado del ‘modelo universitario 3+2’

El Tribunal Superior ha rechazado el recurso de la Federación de Educación de CC.OO contra el modelo ‘3+2’; alegando que la norma no discrimina a los estudiantes por sus notas o recursos sino que busca homogeneizar la enseñanza superior con Europa.

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El Tribunal Supremo sostiene que el Decreto en el que se introduce el ‘modelo 3+2’, que permite a las universidades ofrecer títulos universitarios de tres cursos y másteres de dos años, no vulnera el principio de igualdad de oportunidades y discriminación entre el alumnado. Según la sentencia de la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo del alto tribunal, los estudiantes con menos recursos o peores notas no son expulsados del sistema universitario.

La Federación de Enseñanza de CC.OO presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el conocido ‘Decreto 3+2’ aprobado por el ex ministro de Educación José Ignacio Wert, por el que se introducía la posibilidad de diseñar grados de tres cursos a complementar con másteres de dos años. La nueva normativa también fue fuertemente rechazada por la comunidad estudiantil y las propias universidades, quienes acordaron una moratoria en la introducción de nuevos grados de estas características.

La fórmula escogida por España para incorporarse al Espacio Europeo de Educación Superior o Plan Bolonia fue el ‘modelo 4+1’; que no fue el mismo que escogieron la mayoría de países europeos. Por ello, desde el Ministerio de Educación se quiso introducir el cambio de estructura de los estudios universitarios para atraer a más estudiantes extranjeros a las universidades nacionales y conseguir una mayor cohesión con el resto de la Unión Europea.

No obstante, los estudiantes universitarios rechazaron la adopción de un nuevo sistema debido al encarecimiento del coste de la formación universitaria. Si bien al reducirse los grados universitarios a 3 años implicarían un menor corte, muchas carreras obligan a cursar unos estudios de máster para poder ejercer una profesión o acceder al doctorado, con un precio por crédito mayor. De este modo, se pondrían barreras a los alumnos con peores notas y bajos recursos económicos, ya que el coste total de los estudios universitarios se encarecería.

Los rectores de las universidades españolas también mostraron su descontento con el cambio de estructura de los estudios universitarios, acordando en dos ocasiones una moratoria en la aplicación del ‘Decreto 3+2’. Si bien se acabó permitiendo la creación de nuevos grados de 3 años siempre que estos estuvieran enfocados a la captación de una mayoría de estudiantes internacionales.

La negativa de la comunidad universitaria impulsó a la Federación de Enseñanza de CC.OO a presentar un recurso en el Tribunal Supremo, órgano que ha rechazado el documento alegando que “no deja de ser una mera hipótesis” que el ‘modelo 3+2’ sea la opción que cursen aquel alumnado con peores calificaciones o con menos recursos económicos atraídos por la idea de obtener el título con una menor inversión de tiempo y dinero; lo que equivaldría a discriminar a los alumnos y a atentar contra su igualdad de oportunidades.

La previsible opción por los tres años de grado y dos de máster que cursarán estudiantes de menores recursos económicos o los estudiantes con peores calificaciones para obtener el grado con celeridad no deja de ser un hipótesis, que no va acompañada de sustento justificativo alguno, y que desde luego no pone de manifiesto el carácter discriminatorio de la norma.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado estar abierto a establecer un listado de las titulaciones ‘pre-bolonia’ que no pueden cambiarse al modelo ‘3+2’, como ha pedido CRUE en reiteradas ocasiones. De este modo, las carreras ‘pre-bolonia’ mantendrían el sistema 4+1, por el que seguirían teniendo una estructura de 4 cursos de grado y 1 año de máster oficial.

Una normativa homogeneizadora con Europa

El Alto Tribunal sostiene que la norma impugnada pretende “nivelar u homogeneizar” la duración de la formación universitaria respecto a la de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior, que mayoritariamente disponen de una estructura ‘3+2’. Por ello, apuntan que el objetivo de la norma es “favorecer la movilidad” de los estudiantes universitarios; tanto para atraer a alumnos extranjeros como para facilitar la marcha de alumnos patrios a otros países.

Sobre este punto, en el Tribunal Supremo defienden que la reforma para incorporar el ‘modelo 3+2’ en el sistema universitario nacional “trata de paliar la desigualdad” que se producía entre estudiantes españoles y de otros países europeos. Asimismo, indica que esta nueva ordenación académica no tendrá ninguna incidencia con el sistema de becas públicos, algo que sí podría poner freno al acceso a las titulaciones de grado o máster por parte de estudiantes con menos recursos o peores notas.

Imagen: © CandyBoxIm

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