Contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

Controles más estrictos y sanciones más severas para quienes contraten de forma irregular o cometan fraude contra la Seguridad Social.

Tesorería de la Seguridad Social en Toledo

El empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social se han vuelto una obsesión para este gobierno que, desde el Ministerio de Empleo, busca combatir estos dos flagelos como parte de un programa intensivo que permita optimizar la asignación de las prestaciones a quienes realmente las necesitan.

Así, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un informe sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social y ha decidido su remisión al Consejo Económico y Social.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que “en España tenemos que cambiar de mentalidad y trabajar todos juntos para erradicar las conductas propias de la economía sumergida, de no pagar impuestos, de cobrar prestaciones que no se deben cobrar, de hacer trabajar a empleados que no han sido dados de alta, de crear empresas ficticias sólo para cobrar o subvenciones o prestaciones”.

La funcionaria también enfatizó que “cuando esa gente hace trampas, hace trampas a sus trabajadores, a las empresas de la competencia y a la sociedad en su conjunto, porque quien no paga las cotizaciones está perjudicando a los pensionistas que cobran sus pensiones de las cotizaciones que pagan otros”.

El texto legal forma parte del plan aprobado el pasado 27 de abril por el Consejo de Ministros y ya ha sido sometido al trámite de audiencia previa de agentes sociales, sindicatos profesionales y Comunidades Autónomas.

Para implementar el mayor control del empleo irregular y del fraude a la Seguridad Social, la vicepresidenta anunció que realizará una importante reforma en la organización y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social que, a partir de la entrada en vigencia de la reforma, contará con “equipos más especializados y numerosos”.


Como parte del programa se realizarán campañas para dejar en evidencia el fraude pues se tiene conocimiento de una gran bolsa de fraude en empresas ficticias que no tienen actividad y que dan de alta a trabajadores para cobrar determinadas subvenciones o prestaciones.

La funcionaria también adelantó que “habrá más vigilancia y control en el caso de despidos colectivos y expedientes de regulación de empleo, donde se han detectado importantes bolsas de fraude”.

El Anteproyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores en el campo de las contratas y subcontratas que, entre otras cosas, extiende el período de la responsabilidad solidaria entre contratista y subcontratista por el incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social pasando de un año a tres.

También se realiza la modificación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que todas las Administraciones colaboren en la lucha contra el fraude y el Consejo General del Notariado facilitará que se crucen los datos para detectar empresas ficticias.

La vicepresidenta también informó que “a partir de ahora será una sanción grave no cotizar por los salarios de tramitación o por las vacaciones devengadas o no disfrutadas o tener trabajadores declarados como a tiempo parcial y que estén trabajando a jornada completa”. Dichas sanciones serán más granves cuando afecten a un grupo de trabajadores más numeroso.

Fotografía: Francisco Javiern Martín en Flickr.com.

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