Los interinos sí pueden tener derecho a indemnización

Después de la llamada de atención que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo en 2016 a España sobre la situación de contratación laboral en la Administración, una sentencia del Tribunal Supremo y las que le han ido sucediendo de otros tribunales han supuesto un giro completo de la jurisprudencia con respecto a la indemnización de los interinos.

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Los problemas con las contrataciones en la Administración Pública vienen de lejos, sobre todo en materia de personal laboral no funcionario, los interinos, aquellos que son contratados en un momento dado, por distintas circunstancias, para sustituir a un funcionario o para cubrir necesidades laborales de tipo temporal.

Los interinos sirven a la Administración por algún tiempo supliendo la falta de otra persona y ocupan un puesto de funcionario público sin serlo, en general por una necesidad urgente, y confían en obtener la plaza cuando salga a oposición, los problemas surgen con el trato que la Administración aplica cuando estas personas son despedidas.

Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo el 14 de septiembre de 2016 una llamada de atención a España en tres sentencias en las que dejaba claro que era contraria a Derecho la contratación sucesiva de personal para cubrir necesidades permanentes del servicio.

Sentencia del Tribunal Supremo

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 28 de marzo de 2017, que sienta doctrina en lo relativo a las indemnizaciones que han de recibir estos trabajadores cuando sean despedidos por estar ocupando una plaza convocada en unas oposiciones y no ser ellos quienes la cubran.

En la sentencia del Supremo se analiza el caso de una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que comenzó a prestar sus servicios el 1 de abril de 2003 y, tras varios contratos temporales en el mismo puesto, consiguió que le fuera reconocida su condición de indefinida no fija el 16 de marzo de 2009 a través de sentencia firme.

Tras más de nueve años trabajando en el mismo puesto, salió la convocatoria de un concurso-oposición en la que se ofrecía su puesto de trabajo, cuestión que se le informó, dándole la oportunidad de optar por la plaza. Ella cursó la solicitud, pero el día del primer examen no se presentó. Otra compañera aprobó y consiguió la plaza, de la que tomó posesión rescindiéndose el contrato de la investigadora por cobertura reglamentaria de la plaza, como se le había avisado.

La figura del indefinido no fijo existe como tal desde que en 1996 se creara jurisprudencialmente, aunque sigue sin estar regulada con concreción. Los artículos 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público reconocen su existencia pero en la norma no se establece la regulación básica. Es por ello que el Supremo ha intervenido con su sentencia.

Si bien la figura había sido reconocida, al no existir normativa, fueron diversas sentencias las que establecieron la forma de proceder cuando se producían despidos. Hasta ahora, el personal laboral indefinido no fijo se equiparaba como a un interino en plaza vacante, lo que implicaba su cese cuando se cubría. Para el pago de la indemnización, se le consideraba temporal, cobrando solo 8 días por año trabajado.

La nueva situación, tras la sentencia, equipara el despido por cobertura reglamentaria de la plaza, a una causa de despido objetiva y supone un giro completo de la jurisprudencia del Supremo en aplicación de las sentencias del TJUE.

Nuevas sentencias

Tras esta sentencia ya se van sucediendo otras nuevas y un juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha dictado una sentencia en la que reconoce por primera vez el derecho de un funcionario interino a cobrar una indemnización, de 20 días por año trabajado, tras el fin de su relación laboral.

El fallo dictado por el tribunal gallego parte de un recurso contencioso-administrativo presentado por un docente, funcionario interino, que se encargó de hacer una sustitución entre el 13 de octubre de 2015 y 14 de septiembre de 2016. Al término de su relación laboral, este profesor reclamó a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de Galicia una indemnización de 20 días por año trabajado (unos 1.581,32 euros más intereses).

La Consejería le denegó tal petición y el profesor presentó recurso a través de los servicios jurídicos de CSIF. En el fallo, contra el que sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el juez se ampara en el acuerdo marco entre la CES, Unice y el CEEP sobre trabajo de duración determinada y en la doctrina comunitaria, especialmente en la sentencia del 14 de septiembre de 2016 en el que se reconoció el derecho de una contratada laboral del Ministerio de Defensa, Ana de Diego Porras, a cobrar indemnización tras finalizar su relación laboral.

La sentencia del tribunal gallego establece que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal “no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto a los empleados públicos en los que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo” salvo que existan fundamentos razonables para hacer alguna diferenciación.

A su juicio, en el caso de este profesor aparece una “manifiesta discriminación” entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública, al que se le reconoce el derecho a indemnización por cese o finalización de la relación laboral, y el funcionario interino al que se le niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino.

El tribunal entiende además que no existen razones objetivas que justifiquen la negativa a concederle una indemnización al demandante. Por todo lo anterior y en base a la doctrina comunitaria, el juez da la razón al docente, revoca la resolución de la Consejería que le denegaba la indemnización por ser contraria a derecho, y declara el derecho del demandante a cobrar una indemnización de 20 días por año, similar a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.

CSIF ha celebrado este fallo y ha destacado que con él se abre la puerta a miles de reclamaciones, por ejemplo, de profesores interinos que son cesados durante los meses de verano para no tener que pagarles y que son reincorporados de nuevo en septiembre con el comienzo del curso escolar.

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