El TSM de Madrid anula el despido de un trabajador cuando estaba preso

El TSJ de Madrid ha anulado el despido de un trabajador cuando estaba en prisión porque la única razón era que la empresa no quería a un expresidiario, lo que atenta contra el derecho a la reinserción.

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Muchas convocatorias de empleo público incluyen una cláusula por la que los candidatos no deben tener antecedentes penales ni estar apartados de la función pública. Sin embargo, ¿qué pasa con la empresa privada? Recientemente hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el despido de un trabajador cuando estaba en la cárcel; una sentencia que defiende el derecho a la reinserción del preso y obliga a la empresa a readmitirlo y pagarle los sueldos que no cobró entre el despido y la decisión judicial.

La historia es, cuanto menos, rocambolesca. El trabajador, mozo de almacén en una empresa, entró en la cárcel en marzo de 2014, y abandonó el centro penitenciario el pasado mes de febrero. Cuando entró en la cárcel, su abogado le comunicó a la empresa el ingreso en prisión, y esta respondió que le suspendía el contrato. Sin embargo, en julio del año pasado la empresa fue más allá y despidió al trabajador enviándole una carta certificada a casa. Como reconoce el juez, no pudo recibir la carta de despido ni en casa ni en Correos, ya que estaba preso.

Ya en febrero, cuando acabó de cumplir condena, el trabajador envió una carta solicitando que la empresa lo readmitiese en su antiguo puesto de trabajo; una demanda rechazada por la compañía. En la respuesta le recordaban que su contrato había sido rescindido en julio de 2015 y también se hablaba de varios intentos del trabajador despedido de entrar en el almacén durante los premisos carcelarios de los que disfrutó tres sábados de octubre y noviembre de 2015.

Al enterarse del despido -medio año después- el trabajador llevó el caso a la justicia, y el juez del TSJ de Madrid le ha dado la razón. Entre los argumentos esgrimidos por el magistrado destaca el reconocimiento de la reinserción social como un “derecho fundamental de todo ciudadano privado de libertad por el cumplimiento de una condena penal”. Un derecho que la empresa habría vulnerado porque, añade el juez, la causa más probable del despido es que no quería tener a un expresidiario en su plantilla.

Según la sentencia, “los antecedentes penales no pueden ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica”. El juez añade que entre las razones del despido tampoco se incluye la ausencia injustificada del trabajador a su puesto de trabajo, argumento que sí se ha utilizado en casos similares. Por eso, suspende el despido, obliga a la empresa a readmitir a este trabajador y a pagarle el sueldo que ha dejado de percibir, aunque la empresa puede recurrir la sentencia.

Vía: El País

Foto: PublicDomainPictures

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